El problema del sistema de supervisión
bancaria no es solo que llega tarde, es que además se le asignan 55.000
millones para atender al 85% de un sistema con activos de más de 23 billones de
euros y que tenía concedidos créditos por 18 billones de euros
POR JOAQUÍN ARRIOLA, *
PROFESOR TITULAR DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UPV/EHU –
Deia, 6 enero 2014
La
prensa cierra el año europeo del ciudadano hablando de una turbia propuesta
unión bancaria que comienza con la puesta en marcha de un raquítico
procedimiento de liquidación de bancos en dificultades (sistema único de
resolución). Y la UE anuncia que por fin empieza a tomar decisiones para dentro
de un año modificar el marco regulatorio de la banca europea en la eurozona. Se
pretende vigilar la actividad bancaria desde un supervisor único.
La idea de fondo es
romper con el vínculo entre presupuesto público y crisis bancarias, que en la
eurozona ha transformado la recapitalización de los bancos en una crisis de
deuda soberana. Para superar esta situación se acordó en junio de 2012 que el
Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) pudiera financiar directamente a los
bancos (y no a los gobiernos para que estos financien con cargo al presupuesto
la recapitalización de los bancos). Pero para ello había que establecer
previamente un Sistema Único de Supervisión (SSM) bancaria para toda la
eurozona, cosa que se acordó en octubre de 2013, para las entidades de más de
30.000 millones de activos. Sin embargo, el SSM no funciona si no dispone de un
mecanismo único de liquidación ("resolución" en la terminología
comunitaria: SRM) de entidades financieras, que es lo que se ha aprobado en
diciembre de 2013 para que empiece a funcionar a partir de enero de 2016.
El problema con esta
propuesta no es solo que llega algo tarde: tras seis años de crisis financiera
global en sus diversas modalidades (bancaria, de la deuda pública, corporativa
etc.), después de haber gastado casi 5 billones de euros de los contribuyentes
en rescatar a los banqueros irresponsables, con la consecuencia de un enorme
endeudamiento público y con un estancamiento económico general y un deterioro
económico irreparable en países como Grecia o Chipre, no parece que la decisión
de establecer un supervisor único y un mecanismo de liquidación de entidades
centralizado, sea suficiente para resolver los problemas de fondo.
Cuando además, a ese
supervisor se le asignan 55.000 millones de euros para atender aproximadamente
a 130 bancos que representan el 85% un sistema bancario cuyos activos a finales
de 2012 los valoraba el Fondo Monetario Internacional en algo más de 23
billones de euros, y que según el BCE tenían concedidos créditos por valor
cercano a los 18 billones de euros, el doble del PIB de la eurozona. Aun
contando con la participación del ESM, que puede emitir deuda
"europea" para rescates financieros hasta un importe de 500.000
millones de euros, se juntaría en total algo así como el valor de los activos
totales del BBVA, o la cuarta parte de los del Deutsche Bank, es decir, que
apenas da para rescatar dos o tres bancos europeos medianos si la cosa se pone
seria de nuevo.
Aún no ha empezado a funcionar el
sistema único de supervisión y rescate y ya están las evaluadoras norteamericanas
elevando el riesgo de la deuda europea: Standard & Poor's decidió poco
antes de Navidad quitarle la triple A a la deuda de la Unión Europea, lo cual
se traduce en un aumento del coste de financiar con deuda los recursos del ESM
o del Banco Europeo de Inversiones, y por tanto más complicado (no mucho… por
ahora) financiar futuros rescates directos a la banca. Esta
decisión quizá sea más política que técnica, pues a Estados Unidos se le quitó
la máxima calificación de la deuda soberana en agosto de 2011 y la decisión de
mutualizar los rescates financieros en Europa, aun de la forma tímida embrionaria
que tiene por ahora, es más que suficiente para apresurarse a rebajar la
calificación a la deuda comunitaria. No se hizo antes porque la Unión Europea
no existía como agente emisor de deuda. Ahora tampoco emite mucho, pero por lo
que pueda pasar, así se compensa moralmente en parte a la parte contratante -el
gobierno norteamericano- de la parte contratante -las agencias de
calificación-, que por su parte sí que sigue emitiendo mucha deuda y sin límite
previsible a corto plazo.
En todo caso, el
problema no se resuelve con el procedimiento puesto en marcha de supervisión,
creación y liquidación centralizada de entidades financieras. El problema de
fondo no estriba en vigilar los balances de los bancos, sino en haber tolerado
la creación de un colosal mercado de crédito interbancario en el que los bancos
se prestan unos a otros cantidades ingentes con las que financiar un enorme
casino financiero donde fondos de inversión, bancos, compañías de seguros,
grandes empresas, gobiernos y por supuesto los propios bancos se dedican a
mejorar el rendimiento de sus carteras comprando y vendiendo riesgos y seguros
contra riesgos.
El valor de los
activos de todos los bancos del mundo se eleva a 90 billones de euros. Pero en
el mercado interbancario, los muy grandes bancos se prestan entre ellos lo
suficiente para alimentar un mercado de crédito internacional que se eleva a 70
billones de euros (cuando el PIB mundial fue en 2012 de 55 billones), seguros
contra riesgo de impago de créditos por valor de 150.000 millones de euros, y
para la especulación en los mercados de productos financieros derivados por un
importe de 500 billones (estos contratos derivados tienen un valor de
reposición, si se liquidasen todos a la vez, de unos 20 billones de euros, pues
muchos se compensan entre sí). Es decir, los activos de todos los bancos del
mundo cubren apenas el valor de las principales transacciones en los mercados
financieros internacionales. Y eso, cuando la inmensa mayor parte de esas
entidades bancarias -las pequeñas, pero también las de muchos países que no
autorizan dichas operaciones a sus bancos comerciales- no participan en el
mercado interbancario internacional.
Las únicas medidas que
pueden evitar otro atasco como el de agosto de 2007 son las que permitan
suprimir una gran parte de esos mercados financieros, cuya función económica
real es más que dudosa. O, al menos, si una decisión de ese tipo está en otras
manos más anglosajonas, reducir el impacto institucional de dichos mercados en
la eurozona, estableciendo una regulación de estricta separación entre banca
minorista y banca de inversión. La UE podría legislar, por ejemplo, que los bancos
que se dedican al negocio de la concesión de créditos no puedan suministrar
crédito en el interbancario, ni operar en los mercados de derivados. O, en todo
caso, obligar a que lo hagan con estrictas limitaciones y supervisión directa
de las autoridades financieras. Pero eso no lo van a hacer porque los mayores
bancos europeos (Deutsche Bank, BNP Paribas, HSBC, Barclays, etc.) son
precisamente los grandes suministradores de liquidez a este casino financiero
global. ¿Quién se atreve a limitarles el negocio cuando por otro lado son estos
bancos los que controlan el crédito a las pequeñas entidades bancarias y al
conjunto de la economía?
No es una cuestión
económica: es un asunto de poder en el que la Comisión y el Consejo se muestran
vulnerables a la influencia política de los consejos de administración de esas
instituciones que el FMI denominó eufemísticamente "instituciones
financieras grandes y complejas" (LCFIs), cuya complejidad operativa las
vuelve más difíciles de gestionar y de supervisar que las grandes o pequeñas
entidades tomadoras de depósitos, debido a la diversidad de fuentes de negocio
y riesgos de mercado que afrontan, como se constata en la abortada subasta
eléctrica de hace unos días, donde algunos de los principales participantes en
la puja eran precisamente estos mismos bancos.
Siendo incapaces de tomar una decisión
que afecte a los intereses materiales de estos colosos, los políticos europeos
han decidido montar un sistema europeo de supervisión y liquidación bancaria,
que nunca podrá tomar medidas si uno de estos grandes bancos se encuentra en
dificultades, sencillamente porque no se han generado los recursos políticos y
legales, que no financieros ni técnicos, para poder hacerlo.
Fuente: Deia, 6 de enero de 2014
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